La formación presenta su programa para las elecciones generales del 29-N con medidas sobre vivienda, empleo, turismo y servicios públicos.
RETURCAN.COM | Martes, 17 de noviembre de 2026
El acceso a la vivienda vuelve a ocupar un lugar destacado en la campaña electoral canaria después de que Drago Canarias presentara este lunes un programa que contempla limitar la adquisición de inmuebles por parte de personas no residentes en el Archipiélago.
La formación considera que el crecimiento demográfico, la presión turística y el encarecimiento del mercado inmobiliario están dificultando el acceso a una vivienda digna, especialmente entre los jóvenes y las familias con rentas medias y bajas.
Prioridad para quienes residen en Canarias
La propuesta plantea establecer restricciones a la compra de viviendas por personas que no residan habitualmente en las Islas, independientemente de su nacionalidad.
Drago Canarias sostiene que el objetivo no es establecer diferencias por procedencia, sino evitar que la adquisición de segundas residencias contribuya a reducir la oferta disponible para la población residente.
La formación también propone aumentar el parque público de viviendas, aprovechar inmuebles de la Sareb y estudiar la utilización de suelo estatal para actuaciones residenciales.
Un salario mínimo específico para Canarias
Otra de las principales propuestas consiste en establecer un salario mínimo adaptado al coste de la vida en el Archipiélago.
La iniciativa parte de la consideración de que los salarios actuales no siempre compensan los sobrecostes derivados de la insularidad, especialmente en vivienda, alimentación y determinados servicios.
La formación plantea asimismo medidas de apoyo a los trabajadores autónomos con menores ingresos y cambios en el modelo de relaciones laborales.
Las dificultades jurídicas de las propuestas
La posibilidad de limitar la compra de viviendas por no residentes exigiría un análisis jurídico detallado, especialmente por su relación con los derechos constitucionales, la libertad de circulación de capitales y la normativa europea.
Del mismo modo, la implantación de un salario mínimo territorial requeriría modificaciones en el marco competencial y laboral vigente.
Por tanto, se trata de propuestas electorales cuya aplicación dependería de su desarrollo legislativo y de su compatibilidad con el ordenamiento jurídico.
Un debate que afecta directamente al Sureste de Gran Canaria
Municipios como Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana también afrontan el desafío de facilitar el acceso a viviendas asequibles y responder al crecimiento de la demanda residencial.
La campaña electoral abre así un debate sobre qué instrumentos pueden resultar más eficaces para ampliar la oferta, proteger a los residentes y garantizar el acceso a la vivienda.
Fuente: Agencia EFE, presentación del programa de Drago Canarias, 16 de noviembre de 2026.
EFE
