La falta de información sobre el coste y la financiación de la actividad abre el debate sobre las prioridades del gasto público del Cabildo de Gran Canaria

Una visita organizada al municipio de Teror para un grupo de jóvenes migrantes alojados en el centro Canarias 50 ha generado controversia sobre el uso de los recursos públicos y las prioridades presupuestarias de las administraciones de Gran Canaria.

Según ha publicado Libertad Digital Canarias, el Cabildo de Gran Canaria habría financiado el desplazamiento con fondos públicos.

No obstante, hasta el momento no se ha hecho público el coste de la actividad, la partida presupuestaria utilizada, el procedimiento administrativo seguido ni la entidad que se encargó de su organización.

La ausencia de estos datos impide determinar con precisión cuánto dinero se destinó a la iniciativa y qué administración asumió realmente los gastos.

El centro Canarias 50 pertenece al sistema estatal de acogida y depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, circunstancia que también obliga a aclarar la distribución de competencias y responsabilidades económicas.

Transparencia sobre el destino del dinero público

Las actividades culturales y de integración pueden formar parte de los programas de acogida. Sin embargo, cuando se financian con recursos públicos, la ciudadanía tiene derecho a conocer su coste, finalidad, cobertura jurídica y resultados previstos.

La controversia no debe centrarse en el origen de las personas participantes, sino en la obligación de justificar cada euro empleado y explicar si el gasto responde a una competencia insular y a una planificación previamente aprobada.

En un contexto marcado por las dificultades de muchas familias, la falta de vivienda pública, las listas de espera sociosanitarias y las deficiencias existentes en diferentes servicios e infraestructuras, cualquier gasto discrecional debe estar acompañado de la máxima transparencia.

Por ello, resulta necesario que el Cabildo de Gran Canaria aclare públicamente:

• Qué administración o entidad organizó la visita.
• Cuál fue el coste total del transporte y de las actividades.
• Qué partida presupuestaria se utilizó.
• Cuántas personas participaron.
• Si existió contrato, subvención, convenio o encargo previo.
• Qué objetivos sociales o educativos justificaron la actuación.

La integración y la atención humanitaria deben desarrollarse con planificación, control y rendición de cuentas.

La solidaridad institucional no puede quedar al margen de la transparencia ni del deber de administrar responsablemente los recursos aportados por todos los contribuyentes.

La ciudadanía merece datos verificables y no únicamente mensajes políticos.



Corresponde ahora al Cabildo aportar el expediente y explicar con claridad el alcance de esta iniciativa.