Con datos oficiales correspondientes a la última nómina de mayo de 2026, los municipios del Sureste de Gran Canaria concentran un importante volumen de personas beneficiarias de Pensiones No Contributivas, reflejando la realidad social y económica que viven cientos de familias en la comarca.

 En Santa Lucía de Tirajana se contabilizan 1.064 personas beneficiarias, convirtiéndose en uno de los municipios con mayor número de perceptores de toda Gran Canaria. Del total, 573 corresponden a Pensiones No Contributivas de Jubilación (PNJ) y 491 a Pensiones No Contributivas de Invalidez (PNI). Además, el perfil mayoritario son mujeres, con 662 beneficiarias frente a 402 hombres.

Por su parte, Ingenio registra 521 personas beneficiarias, de las cuales 192 reciben una PNJ y 329 una PNI. También aquí predominan las mujeres beneficiarias, con 330 frente a 191 hombres. En Agüimes, los datos reflejan 400 personas beneficiarias, con 181 perceptores de PNJ y 219 de PNI. Del total, 246 son mujeres y 154 hombres.

En conjunto, los tres municipios del Sureste suman 1.985 personas beneficiarias de Pensiones No Contributivas, una cifra que evidencia la necesidad de reforzar las políticas sociales y garantizar que las ayudas lleguen realmente a quienes más lo necesitan.

Desde Coalición Canaria en Agüimes se ha llevado recientemente al pleno una moción para reclamar al Gobierno de España que los complementos autonómicos destinados a mejorar la situación económica de estas personas no computen como ingresos a efectos de perder o reducir las pensiones no contributivas. 

 La iniciativa defiende adaptar la normativa estatal a la realidad de Canarias como región ultraperiférica y evitar que ayudas sociales terminen perjudicando a quienes precisamente buscan proteger.

Además, desde los servicios de atención se recuerda que las personas que ya cobran una Pensión No Contributiva de Invalidez y cumplen 65 años no tienen que realizar ningún trámite adicional, ya que continúan cobrando automáticamente bajo el mismo expediente.



Los datos oficiales reflejan que detrás de cada expediente hay una realidad social compleja: personas mayores con bajos ingresos, ciudadanos con discapacidad y familias que dependen directamente de estas prestaciones para poder afrontar el elevado coste de vida actual en Canarias.