El Gobierno de Canarias ha reclamado al Estado una respuesta urgente para garantizar la continuidad de la gratuidad del transporte público terrestre en el Archipiélago, una medida que actualmente beneficia cada día a miles de usuarios en las islas.

La Dirección General de Transportes y Movilidad, dirigida por María Fernández, ha solicitado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que desbloquee antes del próximo 31 de mayo la resolución administrativa necesaria para justificar y liquidar las ayudas destinadas a financiar la bonificación del 100% del transporte público colectivo.

Según el Ejecutivo autonómico, el retraso estatal pone en riesgo la correcta justificación de cerca de 120 millones de euros destinados a sostener esta medida social, considerada ya una de las iniciativas con mayor impacto ciudadano en Canarias.

La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, advirtió que “la gratuidad del transporte público ha supuesto un enorme avance social para Canarias” y alertó de que los retrasos administrativos podrían afectar a la estabilidad financiera del sistema y a la capacidad de gestión de los cabildos insulares.

El Gobierno de Canarias recuerda además que el modelo de transporte del Archipiélago presenta singularidades propias, al estar descentralizado en los siete cabildos insulares, lo que incrementa notablemente la carga administrativa y la coordinación necesaria para gestionar estas ayudas.

 Asimismo, desde el Ejecutivo autonómico se señala que los cabildos están adelantando recursos económicos propios para mantener la gratuidad del transporte mientras se resuelve el expediente estatal, asumiendo incluso costes superiores a la financiación inicialmente prevista.

María Fernández también recordó que, a día de hoy, todavía no existen créditos habilitados por parte del Estado para afrontar pagos pendientes correspondientes a 2025 ni para los fondos previstos en 2026.

El Gobierno de Canarias insiste en la necesidad de resolver este procedimiento con rapidez para garantizar la continuidad y estabilidad de una medida que cuenta con un amplio respaldo social entre la ciudadanía canaria.