RETURCAN.COM | Sociedad y economía | 15 de octubre de 2026

El último informe de EAPN Canarias advierte de que la reducción de la pobreza se ha estancado. El elevado coste de la vivienda y las dificultades económicas de miles de familias agravan la situación.

Canarias continúa enfrentándose a una realidad social preocupante: más de 704.000 personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que representa el 31,2% de la población del archipiélago.

Así lo recoge el informe El estado de la pobreza. Canarias 2026, presentado este jueves por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Canarias).

El estudio, elaborado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025, refleja que la reducción de la pobreza se ha detenido después de cuatro años de mejoría. Canarias presenta una tasa 5,5 puntos superior a la media española y se sitúa entre las comunidades autónomas con peores indicadores.

ha convertido en un factor de empobrecimiento

Uno de los datos más significativos del informe es la relación entre el acceso a la vivienda y la vulnerabilidad económica.

El 45,4% de las personas que viven de alquiler a precio de mercado se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.

Además, aproximadamente 293.000 residentes presentan retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca.

En los últimos diez años, el precio de la vivienda usada ha aumentado un 74,5% en Canarias, mientras que el de la vivienda nueva se ha incrementado un 101,7%.

Estos datos evidencian que disponer de un empleo o recibir una pensión no siempre garantiza poder afrontar los gastos esenciales.

Miles de personas sobreviven con ingresos mínimos

El informe también señala que unas 182.000 personas viven con menos de 679 euros mensuales, una situación que limita gravemente su capacidad para atender necesidades básicas.

A esta realidad se añaden los problemas para pagar los suministros del hogar y mantener una temperatura adecuada en la vivienda.

¿Qué ocurre en los municipios del sureste?

Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana no son ajenos a estas dificultades.

El encarecimiento de los alquileres, los salarios insuficientes y las dificultades de acceso a vivienda protegida obligan a reforzar las políticas sociales y de empleo.

Los ayuntamientos, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno autonómico deben coordinar sus actuaciones para que las ayudas lleguen a las personas que realmente las necesitan.

Canarias no puede conformarse con mejorar sus indicadores turísticos y económicos mientras casi uno de cada tres habitantes continúa en riesgo de pobreza o exclusión social.



El desarrollo económico debe traducirse en mejores condiciones de vida para la ciudadanía.