La investigación arrancó en 2016 y permitió intervenir, entre otros alijos, 170 kilos de droga en el Puerto de Las Palmas. La Fiscalía solicita para algunos de los encausados penas que, por los distintos delitos, suman hasta 14 años de prisión.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha situado en 64 el número de personas investigadas en una extensa causa relacionada con presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal en Canarias.

El procedimiento tiene su origen en una investigación iniciada en 2016, cuyas principales actuaciones y detenciones se desarrollaron hasta 2018. Ahora, la Audiencia considera que existen indicios suficientes para que el procedimiento continúe avanzando hacia la siguiente fase procesal.

Una estructura que operaba entre varias islas

Las investigaciones permitieron seguir los movimientos de personas presuntamente relacionadas con la introducción y distribución de sustancias estupefacientes en diferentes puntos del Archipiélago.

Las actuaciones se desarrollaron en lugares de Tenerife, La Palma y Gran Canaria, incluyendo enclaves como Castillo del Romeral, La Aldea y Las Palmas de Gran Canaria.

Según la investigación, una de las principales vías utilizadas para introducir la droga habría sido la marítima, aprovechando la actividad de buques procedentes de Sudamérica y contando presuntamente con colaboradores para extraer la mercancía de las instalaciones portuarias.

Los investigadores sostienen que existía un funcionamiento organizado, coordinado y mantenido en el tiempo, circunstancia que sustenta la posible existencia de una organización criminal.

170 kilos interceptados en el Puerto de Las Palmas

Uno de los episodios más importantes de la investigación tuvo lugar el 6 de julio de 2017 en el Puerto de Las Palmas.

Dos personas fueron interceptadas cuando circulaban en un camión en cuyo interior fueron localizados 170 kilogramos de droga, con una pureza del 77 % y cuyo valor fue estimado en más de seis millones de euros.

Las investigaciones permitieron ampliar progresivamente el número de personas relacionadas con la causa. Inicialmente fueron identificados 55 procesados, aunque finalmente el procedimiento alcanza las 64 personas investigadas.

La Fiscalía solicita penas de hasta 14 años

La Fiscalía presentó su escrito en septiembre de 2024 y solicita para algunos de los acusados penas que, sumadas por los diferentes delitos atribuidos, pueden alcanzar hasta 14 años de prisión, además de importantes sanciones económicas.

Parte de las defensas pretende que se aplique la atenuante de dilaciones indebidas, teniendo en cuenta el prolongado tiempo transcurrido desde que comenzó la investigación.

Una veintena de investigados recurrieron la decisión de continuar con el procedimiento abreviado, pero la Audiencia ha rechazado los argumentos relativos a una posible indefensión.

El tribunal entiende que los investigados han tenido acceso a las actuaciones y posibilidad de examinar la causa, solicitar diligencias, proponer pruebas y ejercer su defensa.

El procedimiento, por tanto, continúa abierto a la espera de los siguientes trámites procesales y de que se determine finalmente la celebración del juicio.

Una investigación de una década

El caso vuelve ahora a la actualidad judicial después de diez años desde el inicio de las primeras investigaciones y refleja la complejidad de algunas operaciones contra el narcotráfico que utilizan las conexiones marítimas del Archipiélago.



La resolución de la Audiencia supone un nuevo paso procesal en una causa de gran dimensión, tanto por el número de investigados como por la cantidad de droga intervenida en algunas de las actuaciones desarrolladas en Canarias.