El Parlamento de Canarias rechaza tramitar una propuesta del PSOE para permitir el uso residencial en zonas turísticas



Coalición Canaria y Partido Popular votaron en contra de la iniciativa socialista, mientras que ASG se abstuvo. El debate vuelve a poner sobre la mesa la situación de los propietarios de apartamentos turísticos que reclaman poder utilizarlos como vivienda habitual.


Canarias | 14 de octubre de 2026 | RETURCAN.COM


El Parlamento de Canarias ha rechazado la tramitación de una proposición de ley presentada por el Partido Socialista destinada a facilitar la compatibilidad entre el uso residencial y el turístico en determinados inmuebles situados en zonas turísticas del archipiélago.

Según la información publicada este miércoles por Canarias Ahora, la iniciativa contó con el voto contrario de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), mientras que la Agrupación Socialista Gomera (ASG) optó por la abstención. El portavoz del Grupo Mixto estuvo ausente durante la votación.

PSOE, Nueva Canarias y Vox criticaron la decisión parlamentaria.


¿Qué ocurre con los propietarios de apartamentos turísticos?


Uno de los principales problemas que plantea esta situación afecta a propietarios de apartamentos y complejos turísticos que desean utilizar sus inmuebles como residencia habitual, pese a encontrarse en suelos o establecimientos sujetos a una regulación turística específica.

En Canarias, la normativa urbanística y turística establece diferencias entre el uso residencial y el uso turístico, especialmente en establecimientos sometidos al principio de unidad de explotación.

Esta circunstancia ha generado controversias entre propietarios que defienden su derecho a residir en inmuebles de su propiedad y quienes consideran necesario preservar el destino turístico de los establecimientos para garantizar la actividad económica y evitar conflictos de uso.


Ser propietario de un apartamento turístico no significa necesariamente disponer de autorización para utilizarlo como vivienda habitual.


La situación depende de la clasificación urbanística, las condiciones del establecimiento y la normativa aplicable.


Vivienda y turismo: dos necesidades que deben encontrar un equilibrio


El debate llega en un momento especialmente sensible para Canarias, donde el acceso a una vivienda asequible constituye una de las principales preocupaciones ciudadanas.

Los defensores de flexibilizar determinados usos consideran que permitir la residencia en inmuebles compatibles podría contribuir a aprovechar parte del parque inmobiliario existente.

Por otra parte, quienes defienden mantener la separación entre usos advierten de posibles consecuencias para la planificación turística, la seguridad jurídica, la convivencia en los complejos y el funcionamiento de los establecimientos alojativos.

La cuestión requiere analizar cada supuesto y determinar qué inmuebles podrían admitir legalmente un uso residencial sin comprometer la ordenación turística.


¿Qué significa el rechazo parlamentario?


La decisión supone que la proposición socialista no continuará su tramitación legislativa en los términos planteados.

Sin embargo, no significa que se haya aprobado una nueva prohibición general ni que todos los propietarios de apartamentos turísticos se encuentren en idéntica situación jurídica.

La regulación actualmente aplicable continúa vigente y cualquier modificación deberá realizarse mediante los procedimientos legislativos y urbanísticos correspondientes.


Una cuestión pendiente para miles de propietarios


El conflicto entre el uso residencial y turístico sigue abierto en Canarias y afecta tanto al derecho de propiedad como a la ordenación del territorio, la actividad turística y el acceso a la vivienda.

El reto de las administraciones consiste en aportar claridad normativa, seguridad jurídica y soluciones proporcionadas, teniendo en cuenta las particularidades de cada inmueble.


La pregunta que permanece abierta es si Canarias puede encontrar una fórmula que permita compatibilizar determinados usos residenciales con la actividad turística sin generar nuevos conflictos legales.



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