Coalición Canaria Agüimes considera necesario abordar la seguridad ciudadana desde el rigor técnico y los datos objetivos, especialmente en un ámbito territorial como el conformado por los municipios de Agüimes y Ingenio, que suman aproximadamente 68.000 habitantes, de los cuales Agüimes supera los 33.000.

La formación recuerda que los estándares operativos habituales en España sitúan el ratio recomendable entre 1 agente por cada 1.000–1.200 habitantes en territorios con características mixtas urbanas e industriales. Aplicando estos criterios, el ámbito Agüimes–Ingenio debería contar con entre 85 y 100 efectivos reales para garantizar una cobertura eficaz y continua.

Coalición Canaria subraya que esta cifra debe analizarse teniendo en cuenta que no toda la plantilla disponible se traduce en presencia efectiva en la calle, debido a turnos, descansos reglamentarios, bajas, formación y tareas administrativas. “Una plantilla ajustada sobre el papel puede ser claramente insuficiente en la práctica”, señalan.

Asimismo, se destaca que Agüimes concentra una elevada actividad industrial, lo que incrementa las necesidades de vigilancia preventiva, especialmente en horario nocturno y fines de semana. “Los polígonos industriales requieren planificación específica y recursos adicionales”, apunta Antonio Vélez.

Desde la organización se recuerda también que, según datos públicos del Ministerio del Interior, en los últimos ejercicios se ha registrado un incremento de determinadas tipologías delictivas, lo que refuerza la necesidad de anticiparse y reforzar los medios humanos, en lugar de limitarse a respuestas reactivas.

Coalición Canaria Agüimes pone como referencia mancomunidades y municipios de tamaño similar en Canarias, donde se han aplicado refuerzos progresivos de efectivos para acompañar el crecimiento poblacional y económico, evitando así tensiones estructurales en los servicios de seguridad.

“La seguridad ciudadana no se improvisa: se planifica con datos, ratios y previsión. Ajustar los efectivos a la realidad poblacional y económica es una obligación institucional”, concluyen.